Los Servicios Públicos y el futuro incierto.

Desde la crisis de los 70 a niveles europeos y desde la década de los 80 a niveles del estado español, han sido demasiados años contemplando como los servicios esenciales para la comunidad y las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios, patrimonio de toda la sociedad-, eran convertidos en negocio y expropiados a la mayoría.

 Unas veces, directamente empresas multinacionales y, otras, los distintos gobiernos transfieren lo público a la voracidad del mercado en nombre de la “eficacia” y el “bien común”, expoliando derechos de las personas, esenciales para la vida: la salud,  la enseñanza pública, la educación superior, la energía, los transportes, la comunicación y en parte los sistemas públicos de Seguridad Social en capítulos tan esenciales como las Pensiones.

¿Por qué el transporte, la sanidad, la educación, los cuidados de los otros y otras, la cultura, el agua, el gas, la electricidad, el espacio, el suelo, son Públicos?

• Porque las personas tenemos necesidades desde que nacemos: de ser cuidadas en la infancia, cuando sufrimos dependencia; de educarnos y adquirir conocimientos para pensar y actuar como personas con autonomía, de que nuestra salud sea buena y adecuada, de poder disponer y utilizar los medios esenciales para la vida: alimentos, energía, agua, viviendas, de tener transportes para relacionarnos con las y los demás, trasladarnos a los trabajos, de tener pensiones adecuadas y suficientes cuando termina nuestro ciclo de trabajo obligatorio, de tener prestaciones sociales suficientes en los casos de desempleo, invalidez…

Esta es la LÓGICA DE LO PÚBLICO: Su objetivo es la satisfacción de necesidades sociales y éstas son universales, nos afectan a todas y a todos a lo largo de nuestra vida.  No son económicos.

• Se busca la protección social en situaciones de necesidad: y se redistribuye la riqueza que entre todas las personas creamos, para que todas las personas tengan acceso a derechos esenciales para una vida digna, de manera igualitaria.

• No existe un interés privado, particular, sino colectivo porque todas las personas tenemos las mismas necesidades y, nadie debe lucrarse o apropiarse de manera egoísta de lo que es de toda la ciudadanía.

• Las prestaciones públicas son cubiertas con los recursos que producimos entre todas las personas a través de nuestros contratos de trabajo, de los impuestos, de las rentas. Todas tenemos que contribuir, quien más gana más aporta. La sociedad ejercita la solidaridad.

• La gestión de estos servicios públicos no se rige por el principio de rentabilidad económica, sino por principios de reparto necesario y suficiente, para cubrir necesidades sociales.

¿Por qué la clase política quieren privatizar nuestras necesidades sociales y buscar el lucro y el beneficio privado de unas y unos cuantos (empresariado, financieras, aseguradoras), cuando su obligación política es defender el interés general?

• La LÓGICA DE LO PRIVADO sólo busca un interés económico particular sin importarles las necesidades de la mayoría de la sociedad.

• Se busca la rentabilidad, el negocio para los y las accionistas y las y los gestores con las reglas de la competitividad y la productividad, sin importar las consecuencias sobre las necesidades sociales.

• Los elementos que se valoran son exclusivamente económicos y las decisiones se desligan de las personas.

Las personas tenemos que recibir estos servicios, como derechos de la ciudadanía. Ahora pretenden convertirlos en mercancías que habría que comprar y en donde las personas de bajos recursos (la mayoría) no tendremos acceso a ellos.

 La apropiación general de los espacios públicos, del territorio y del medio.

La privatización se ejerce en las calles y en los últimos espacios verdes de la ciudad: los centros comerciales se apropian de zonas de espacio público y se constituyen en áreas  privadas, para que la ciudadanía ejerza su única libertad, la de comprar y consumir.

Las megas estructuras urbanas (autovías, túneles, aparcamientos), los megaproyectos residenciales, las torres comerciales, la recuperación de la zonas céntricas por el capital privado para la especulación urbanística, han contribuido a la fragmentación social, a la exclusión del patrimonio colectivo, a la imposición de una nueva cultura. La ciudad se estructura desde la competitividad.

El crecimiento del automóvil en detrimento del transporte por ferrocarril, como factor decisorio en el diseño de la vialidad con el descuido del transporte público y social, del uso peatonal del espacio urbano. Fragmentan la ciudad, aíslan el entorno urbano, haciendo más difícil la vida cotidiana de las y los habitantes, en particular de las y los que viven del sector informal de la economía, ayudando así a la ampliación de la brecha entre personas ricas y pobres, en la ciudad y en el campo.

Las ciudades se fragmentan, entre las y los usuarios y no, las y los consumidores y no, personas integradas y excluidas. Los barrios se han disuelto, no hay más identidad barrial, se han distanciado los unos de los otros, no hay solidaridad y el uso del espacio urbano se hace más impersonal, individual, como si la ciudad no fuera de todas y todos.

La vivienda sólo para quien pueda pagarla y desgajada de la vida diaria de las personas, cada vez más alejadas de sus trabajos, de sus actividades sociales.

La filosofía de poner recursos públicos en manos privadas, la encontramos en elmercado del Agua y de la Energía, basado en transacciones entre particulares. Se desatienden aquellos aspectos de la gestión del dominio público hidráulico sin rentabilidad económica, como el control de los vertidos, la mejora ambiental de márgenes y riberas, etc., aspectos esenciales de contenido ambiental.

Se tiende hacia un escenario en el que tendrá agua quien pueda pagarla, educación quien pueda pagarla, buena salud, pensión suficiente, vivienda, etc… quien pueda pagarlas.

Las actuales políticas niegan nuestros derechos sociales, convirtiéndoles en retórica. La erradicación de la exclusión social, la pobreza… han sido trasladadas al “mercado libre”, transformando su naturaleza: de necesidades sociales las cuales hay que cubrir universal y suficientemente, hemos pasado a servicios, y quien los usa debe tener capacidad económica para sufragarlos.

La  vida entendida de forma colectiva es una cuestión de solidaridad entre grupos sociales, territorios y generaciones. Quien no entiende la solidaridad bajo estos parámetros, confunde intencionadamente, el bienestar social de todas y todos, con el bienestar privado que cada cual pueda pagarse.

CGT por la defensa de los Servicios Públicos como derechos sociales suficientes para todas y todos.

 Díptico por la defensa de los Servicios Públicos

El FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), organismo autónomo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, se encuentra en situación de quiebra debido a la política de abandono y desidia del Gobierno en todo lo relativo al modelo público de protección social.

Hagamos un breve repaso a los antecedentes que han producido esta situación:

§ La reforma laboral del 2010, aprobada por el PSOE, constituye un "Fondo público de cobertura de indemnización por despido" estableciendo que corresponde al FOGASA abonar una indemnización de 8 días por año trabajado en casi todos los casos de despido, incluyendo empresas solventes o que no están en concurso, es decir, se subvenciona con dinero público el despido en la empresa privada.

§ La reforma laboral del 2012, aprobada por el PP, con su apartado de "Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo" produce un aumento de ERES en el Estado superior al 70% (Extremadura:182%, Murcia:159%, Euskadi:126%), vulnera la negociación colectiva lo que provoca la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y que haya más de 3.000 convenios colectivos pendientes de firma (afectando a 4 millones de trabajadores). Además introduce la posibilidad de despido en el sector público, curiosamente en el que más empleo se destruye durante el último trimestre de 2012.

Con semejante panorama el FOGASA se encuentra con más de 150.000 expedientes pendientes de pago por valor de 1.700 millones de €. Su plantilla constituida por unas 400 personas ve incrementada su actividad un 500%, mientras se amortizan jubilaciones o no se cubren bajas por enfermedad. Sus letrados (cerca de 130) sólo llegan a cubrir un 30% de los procesos judiciales lo que provoca el pago de prestaciones indebidas, como declara un funcionario "en los procesos concursales hay que estar vigilantes, los administradores concursales tienden a hacer lo que interesa a los dueños porque saben que es de donde van a sacar algo. Pero es imposible, la labor de los letrados es intachable pero no dan abasto. Todos sabemos perfectamente que pagamos prestaciones que no corresponden". Por la otra parte, los trabajadores afectados sufren demoras de hasta 18 meses en el pago de sus indemnizaciones, en muchos casos se encuentran en situación de precariedad (carentes de ingresos o pendientes de embargos o desahucios) Un funcionariado desbordado intenta agilizar todos los trámites, pero es imposible.

El Gobierno decide actuar con eficacia y contundencia, concede una dotación al FOGASA de 843 millones de € para el año 2013, consciente de que durante el año 2012 se habían desembolsado 1.530 millones, lo que había supuesto un incremento de un 2% respecto a 2011 y superado el 22% del gasto presupuestado por el Ministerio de Hacienda. Cuando los sindicatos comunican la situación de colapso al Ministerio de Empleo se les contesta que "no hay presupuesto" (sin duda expresión más amable que el famoso "que se jodan" made in Frabra).

Además "como el Gobierno también tiene la certeza de que el FOGASA no funciona, entre otras cosas, por el exceso de funcionariado", decide impulsar un Plan de viabilidad que contiene dos programas, que se supone comenzarán a funcionar a partir del 15 de septiembre:

§ GRETA (Gestión y resolución de expedientes temporalmente atrasados): Se adjudica de forma "temporal y transitoria" a una empresa privada la resolución de unos 125.000 expedientes. (¿Qué pasa con la ley de protección de datos o con el procedimiento administrativo...?)

§ FONO: Adjudica de forma definitiva la atención telefónica a los beneficiarios del fondo.

El Ministerio de Empleo (en la habitual línea de contradicción gubernamental) asegura que la gestión privada aminorará el fraude en las prestaciones, aunque por otro lado, desmiente que se vaya a privatizar el FOGASA.

Para elaborar un nuevo plan de funcionamiento se contrata a la consultora privada KPMG, la misma elegida para establecer un sistema de supervisión de los desempleados que perciben prestaciones. Para tranquilidad de desempleados decir que KPMG auditó las cuentas de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) desde 1991 sin detectar nunca ninguna irregularidad hasta su intervención por el Banco de España y la imputación de su cúpula directiva por estafa en el 2011. Aún hay más, recientemente ha sido denunciada ante el Colegio de Abogados de Madrid por haber infringido el Estatuto General de la Abogacía Española y su Código Deontológico, por el conflicto de interés que suponía ser al mismo tiempo: el encargado de decidir qué afectados por las preferentes de Bankia tenían derecho al arbitraje y el defensor de esa entidad ante los tribunales. Entre los trabajadores que tiene o ha tenido la consultora nos encontramos con Elena Pisonero Ruiz, colaboradora de la FAES y antigua Secretaría de Estado de Comercio y Turismo o Román Ceballos, conocido zaplanista y Secretario de Empleo de la Generalitat que fue cesar y fichar como director del Área Laboral. Esta consultora, a raíz del caso Bárcenas, se ha negado a realizar una auditoría externa a las cuentas del PP, claro está que razones no le faltan.

Para CGT/CAT la situación del FOGASA no pasa por privatizar y consideramos prioritario el ingreso de un número suficiente de funcionarios y mayor crédito presupuestario, así como una profunda reestructuración del modelo político, económico y social que entre otros aspectos contemple la autogestión de las empresas por los trabajadores. Asimismo consideramos que esta situación trata de buscar a medio o largo plazo la supresión de las prestaciones públicas por desempleo y la implantación del denominado "modelo austríaco" consistente en un fondo de capitalización individualizado pagado del bolsillo de cada trabajador y que incluiría la cobertura en caso de paro, es decir, como el despido ya es prácticamente libre, ahora se pretende que resulte totalmente gratuito para el empresario y que sea cada trabajador el que pague su propio despido. Desde CGT/CAT no nos resignamos a colocar arrodillados velas ante los "Santos patronos" para descanso de nuestra conciencia (como se recomendaba en el Telediario de TVE) sino que continuamos por el camino para ganar derechos:

DIGNIDAD Y LUCHA!!!