Se han confirmado los peores presagios: Lino Rubio Mayo, titular del juzgado número 1 de lo penal de Xixón, ha dictado orden de ingreso en prisión a las seis sindicalistas de La Suiza para cumplir tres años de prisión. Lo hace sabiendo que hay una solicitud de indulto encima de la mesa del Gobierno, consciente además de que materializa una injusticia manifiesta y que lanza todo un torpedo contra el derecho de la clase obrera a defenderse. Nunca hemos creído en la justicia española, sus sentencias siempre apuntan a los mismos. La naftalina de sus armarios apesta a clasismo. Mientras por nuestras calles se pasean lozanos ultraderechistas de todo pelaje cantando bravatas fascistas o agitando odios impunemente, aquellas personas que disientan contra las injusticias terminan en prisión. Puede ser por cantar una canción de rap criticando a la monarquía, por reivindicar puestos de trabajo en Cádiz, por concentrarse en Zaragoza…

 El 1 de enero de 1994, el mismo día en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América -firmado entre Estados Unidos, Canadá y México-, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) decide mostrarse al mundo. Un grupo de guerrilleros ocuparon algunos municipios y lograron controlarlos en pocas horas. La respuesta del gobierno federal del Estado de México no se hizo esperar. El presidente Carlos Salinas de Gortari -del partido de “centroderecha” Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, envía tropas militares a la zona donde se estaba produciendo el levantamiento armado para sofocar la rebelión. Se movilizaron más de 70.000 soldados del ejército mexicano. Pero la respuesta de la sociedad civil fue decisiva y la movilización masiva de la gente logra detener el enfrentamiento. A los 12 días de producirse el levantamiento, Carlos Salinas anuncia el alto el fuego unilateral en Chiapas y propone “dialogar”. En el origen…

Desde CGT mostramos todo nuestro apoyo a la respuesta colectiva de jóvenes que acudieron a la llamada del CSO La Madriguera en calle Azacayas de Granada, centro que pretendían desalojar sin orden judicial usando la fuerza con la contratación de la empresa AMA Desokupa, mercenarios a sueldo con comportamientos y actitudes fascistas, a quien la Diputación de Granada encarga trabajos de seguridad pagados con el dinero de nuestros impuestos. Ayer fuimos testigos de cómo la policía nacional protegía a estos mercenarios/matones que actuaban sin orden judicial y cargaban brutalmente contra los jóvenes con el resultado de cuatro heridos y un detenido. Una vez más hemos visto como las fuerzas del orden enviadas por el Subdelegado del Gobierno de Granada se alían con empresas de desalojos extrajudiciales para defender la propiedad privada al margen de procedimientos legales vulnerando derechos fundamentales. Es por eso por lo que desde CGT queremos mostrar todo nuestro apoyo…