La Junta de Castilla y León no tiene intención de reducir la alta temporalidad de la plantilla en los centros educativos ni de acabar con la precariedad y la situación fraudulenta de muchos docentes, tal como prueba la última Oferta Pública Extraordinaria, llamada de Estabilización, del 26 de mayo. Esta oferta clave debía dar cumplimiento a la Ley 20/2021, que busca en primer lugar reducir la temporalidad al 8%. En segundo lugar, esta ley, ya de por sí pobre porque no protegía a las personas que llevaban años o décadas precarizadas o en fraude de ley, podía al menos servir para estabilizar a algunas, pero desde luego no en los términos en que la ha interpretado la Junta de Castilla y León. La Oferta Pública Extraordinaria es ínfima y ajena a la realidad. Contempla 1324 plazas, a las que hay que sumar 1103 de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE)…