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Ante la imposibilidad de poder participar en una movilización unitaria de las diferentes mareas en nuestra ciudad, gentes de CGT, junto con otras personas y colectivos decidimos desplazarnos en autobús a la movilización convocada por la Marea Ciudadana Unida, que es resultado de la confluencia de las mareas ciudadanas: blanca, verde, naranja, roja, amarilla, negra,… y del apoyo de organizaciones sindicales, políticas, sociales, asambleas del 15M,... unidas en una jornada de movilización contra los recortes y por una verdadera democracia.

Sobre las cuatro de la tarde, partimos junto a miles de personas en la Puerta del Sol, confluyendo con las cuatro columnas que marcharon en dirección a la Plaza de Neptuno, llenándos ésta en su totalidad al igual que las calles adyacentes.

La protesta se desarrolló en todo momento de manera pacífica y en un gran ambiente reivindicativo y festivo, destacando el colorido y el ingenio de las miles de pancartas y banderas de las diferentes mareas y colectivos, así como otras de organizaciones sociales y sindicales. También la música y las consignas se hicieron patente durante las marchas y la concentración final que tuvo lugar a escasos metros del Congreso de los Diputados.

La CGT sigue apostando por la necesidad de impulsar aún más la acción directa y la movilización permanente. Seguimos llamando a la movilización, a la participación, a la coordinación de todo el movimiento ciudadano y las organizaciones sindicales, sociales, plataformas, asambleas populares... para dar una respuesta adecuada a esta crisis/estafa.

El próximo día 23 de Febrero la “MAREA CIUDADANA”, se visualizarán la convergencia de las diferentes mareas de los sectores productivos para denunciar los recortes sociales, la corrupción política, el golpe de estado de los mercados y el sistema antidemocrático que gestionan las élites gobernantes

El miércoles 13 de febrero CGT hemos tenido una reunión en la Consejería de Fomento, atendiendo la solicitud que hicimos tras conocer las intenciones del gobierno central respecto al ferrocarril, de lo que ha venido a llamar Obligaciones de Servicio Público (OSP) las cuales, una vez definidas, serán las que recibirán subvenciones estatales, el resto dependerán de si las comunidades autónomas estiman oportuno subvencionar o no, en caso negativo se dejará de dar ese servicio.

No deja de tener su perversión esta política ferroviaria. El gobierno central descarga sobre las comunidades autónomas la decisión de mantener o no los servicios que consideran por debajo del 15% de ocupación, sin mirar nada más que el factor económico, cuando hay muchos factores que determinan la ocupación o el uso del tren, empezando por la densidad de población, siguiendo por los horario y frecuencia de los trenes, así como su fiabilidad, hasta el tipo de tren ...

Desde CGT defendemos que el tren debe dar servicio a todas las localidades por donde pasa, no estamos diciendo que todos los trenes paren en todas las estaciones y apeaderos, pero sí al menos uno por la mañana y otro por la tarde en cada sentido. Abandonando el discurso manipulador de un coste real muy superior al precio del billete, algo que no es cierto porque es como si se cargara al billete de autocar el coste de la señalización de las carreteras, coste de la guardia civil de tráfico, el coste del mantenimiento de la carretera y hasta de la construcción de la misma.

Así se lo hemos hecho saber en la reunión a la Directora General de Transportes de la Junta de Castilla y León, así como le hemos solicitado información de las intenciones de la Junta respecto a lo que el gobierno central no considera OSP y afecta a Castilla y León, la respuesta ha sido que siguen en conversaciones y que el esfuerzo de la Junta es bastante limitado, dada la situación económica actual. Que entendía los planteamientos de la CGT y manifestaba coincidencias en la concepción del carácter social del ferrocarril. Le ofrecimos nuestra colaboración en la defensa de un ferrocarril público y social, que sea sostenible y de calidad. Por parte de CGT mostramos la disponibilidad de hacer frente común en esta defensa, en la línea de lo que han hecho en Andalucía los sindicatos junto con la administración autonómica (se adjunta noticia que lo menciona). Han declinado este ofrecimiento. Ser del mismo signo político condiciona bastante, por otro lado, tampoco se ve ganancia en esa coincidencia política, en todo caso complacencia a pesar del maltrato dado al ferrocarril de Castilla y León.

Es una realidad que en Castilla y León van aumentando kilómetros de alta velocidad. Resulta que sólo se puede subvencionar los servicios deficitarios que se consideren OSP y por contra la AVE es la que más subvenciones recibe, con diferencia, algo que es para uso y disfrute de unos pocos.

Para CGT las OSP establecidas son del todo insuficientes, asistimos a una situación de servicios mínimos ferroviarios constantes, prueba de ello que en las convocatorias de huelgas apenas eliminan trenes, no sólo debe subvencionarse todo lo que por ahora ya existe, sino crear bastantes más servicios ferroviarios convencionales y que los recursos no los acapare la AVE.

CGT es contrarío a esta forma de entender el ferrocarril y las medidas que el gobierno está tomando.

Recortes de Prensa

CGT Salamanca se suma a la Marea Ciudadana que se celebrará el próximo sábado, 23 de febrero en Madrid, contra los recortes y el golpe de estado de los mercados. Para ello fletaremos un autobús. Si quieres participar ponte en contacto con el Sindicato.

A partir de la iniciativa de una marea creciente de personas, y bajo la premisa de que la unión hace la fuerza, toma cuerpo una propuesta de confluencia entre las distintas mareas, movimientos, colectivos y organizaciones que rechazan el statu quo y las soluciones injustas que se están adoptando con el pretexto de la crisis. Esta Marea Ciudadana está promoviendo una gran movilización en toda España para el 23 de febrero.

Si hace más de 30 años la ciudadanía salió a la calle contra el golpe de estado militar, ahora saldremos contra el golpe de estado de los mercados. Una gran cantidad de colectivos, mareas, movimientos, organizaciones y todo tipo de entidades se están coordinando para exigir una verdadera Democracia y hacer frente a los recortes cada vez más drásticos de las libertades y los derechos sociales, en el que se ha denominado la Marea Ciudadana.

Todas estas organizaciones están preparando como primera acción pública, una gran movilización ciudadana en todo el Estado español. El día elegido para ello es el sábado 23 de febrero.

En 1981 la ciudadanía salió a la calle a expresar su rechazo rotundo al golpe de estado militar. Hoy, 32 años después, saldremos a la calle a defender nuestros derechos y a rechazar los recortes y las brutales políticas de ajuste con las que se canalizan fondos para satisfacer la avaricia de los mercados financieros y políticos corruptos.

La movilización será generalizada en buena parte de las ciudades del Estado, aunque se está organizando una gran manifestación en Madrid, que acabará en un lugar tan emblemático como la Plaza de Neptuno.

Estas movilizaciones, como todas las demás que se enmarcan dentro de la Marea Ciudadana, son inclusivas y no violentas, con libertad para llevar los emblemas que cada uno crea pertinentes pero con el elemento unificador del color de las mareas. De manera pacífica pero rotunda, queremos llenar las calles de color y que resulte evidente que la gente no tolerará más la corrupción ni éstas brutales políticas de ajustes que sufrimos.

MANIFIESTO: Marea Ciudadana contra los recortes y por una verdadera Democracia

La presión de los mercados financieros, la deuda ilegítima creado por el propio sistema financiero especulativo y las brutales políticas de ajuste dirigidas contra la mayoría de la sociedad, junto con la corrupción y la pérdida de legitimidad de las instituciones, están causando en nuestro país la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas.

El creciente desempleo, el ataque a la Sanidad y la Educación públicas, los derechos laborales y sociales, el medio ambiente, nos ha hecho confluir en las calles, en las mareas ciudadanas, blanca, verde, roja, naranja, amarilla, amarilla , negra, azul, violeta ... defendiendo nuestros derechos.

Una sociedad justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos sociales por encima de los mercados y la política honesta y la justicia social por encima de los intereses de las élites financieras.

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, sin consultar a la ciudadanía, supedita todos los recursos del Estado al pago de esta deuda ilegítima a costa de recortar todos los servicios públicos y de subastar a precio de saldo el patrimonio del Estado. Esta reforma supuso un "golpe de estado financiero", prevaleciendo el pago de los intereses frente a las obligaciones propias de un Estado Social y de Derecho.

En 1981, después del golpe militar, la ciudadanía se manifestó masivamente en defensa de la Libertad y la Democracia. Ahora, 32 años después, llamamos a toda la ciudadanía, a todas las mareas, asambleas, organizaciones y colectivos a confluir en una jornada de movilización el próximo 23 de febrero.

Por la Democracia, la Libertad y los Derechos sociales.

No al golpe de estado financiero.

No debemos, no pagamos. Hay alternativas. Hay soluciones:

- Por la Justicia social y ambiental.

- Por la Transparencia y la Democracia participativa.

- En defensa de unos Servicios Públicos y Universales.

- Por una Auditoría Ciudadana de la Deuda. Contra la Deuda ilegítima.

El Sistema Público de Pensiones, la nueva pieza a cobrar por los mercados y los políticos. (Esta noticia Incluye un FOLLETO resumen de las Pensiones de Jubilación a cobrar a partir del 1 de enero de 2013)

Nuestro Sistema Público de Pensiones se basa en tres principios: De reparto, que significa que con las cotizaciones de un año se pagan las pensiones de ese año. De solidaridad, es decir, que todxs contribuimos y todxs somos beneficiarios. De equidad, lo que significa la redistribución de la riqueza social, tratando desigualmente a los desiguales para alcanzar ciertas cotas de justicia social.

Estos principios son los que rigen la Ley General de la Seguridad Social para dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 41… ““Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.” 

Los poderes públicos tienen que crear y generar las condiciones políticas para la defensa del interés general y, de esta manera, dar cumplimiento a la obligación política y normativa de la defensa de lo común, de lo de todos y todas y, especialmente en situaciones de necesidad.

La situación del actual mercado de trabajo en lo referente a activos ocupados/desocupados y cotizantes, se sitúa en 16.300.000 personas ocupadas y cotizando, a la vez existen casi 3,2 millones de personas paradas con prestaciones bien contributivas, bien asistenciales, que sus cotizaciones son cubiertas por el INSS. Las personas pensionistas actuales suponen 8,2 millones. Nos encontramos en consecuencia que por cada pensionista, se encuentran cotizando y ocupados casi 2 personas, en concreto 1,98 y si sumamos los cotizantes desocupados, el ratio sube al 2,3.

Esta situación, aún más difícil, es decir, menos ocupados y menos cotizantes, la encontramos en el año 1997 (la relación cotizantes/pensionistas, bajo hasta 1,5), y dio lugar a que los poderes públicos (gobierno PSOE) conjuntamente con los Sindicatos CC.OO y UGT y la patronal CEOE y CEPYME, pactarán y aplicarán la Ley 27/97 de Racionalidad por la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones con dos importantes modificaciones en nuestro sistema público de pensiones: el período de cálculo pasa (progresivamente) de los anteriores 8 años a los 15 años y los años cotizados necesarios para el 100% de la Base Reguladora, también progresivamente pasan de los 15 años a los 35 años.

En el año 2008 los cotizantes eran 19.500.000 personas y en el 2012 se han perdido 3,2 millones de cotizantes, lo que ha conllevado un decrecimiento de ingresos ingentes que ha hecho “necesario” tirar de las distintas cajas de reserva (excedentes de las Mutuas y Fondo de Reserva) con que cuenta nuestro sistema público de pensiones, por la friolera de 11.000 millones de euros para pagar a pensionistas.

El PP ha congelado la aplicación de la ley 27/2011 pactada por el PSOE y Sindicatos CC.OO, UGT y patronales CEOE y CEPYME, en lo referente a las jubilaciones anticipadas y “prejubilaciones” y ha dado un plazo de tres meses a la comisión del Pacto de Toledo, para revisar el factor de sostenibilidad, que no es sino la trampa política para “volver a racionalizar el sistema público de pensiones” en sus dos aspectos más sensibles: aumentar el período de cálculo de los 25 años que comienzan a contar a 1 de enero 2013 de manera progresiva hasta el 2027, hasta posiblemente toda la vida laboral y aumentar la edad de jubilación real, en base a penalizar o directamente impedir las jubilaciones anticipadas (endureciendo los requisitos) hasta acercar la fecha real a la fecha teórica, 67 años.

El Sistema Público de Pensiones, de manera metódica y calculada, ha sido “racionalizado” en términos de economía política desde el año 1985, en base a la mismísima argumentación que ahora se “berrea” por los mercados financieros y sus representantes en Bruselas y así se han articulado las siguientes leyes: