Los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo, son derechos humanos internacionalmente reconocidos por Naciones Unidas en las Conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995) y por el Consejo de Europa (2008), que insta a los Estados Miembros a que garanticen que la interrupción del embarazo sea una práctica accesible y segura.

Desde la CGT queremos unir nuestra voz a la lucha de tantas por el derecho al aborto libre, legal, en la Sanidad pública, gratuito y universal. Cuando una persona toma una decisión tan dura sobre su cuerpo nadie tiene derecho a decidir por ella.  Debe ser una opción que cada mujer debe tomar libremente, con toda la información a su alcance, sin coacciones, sin paternalismos, sin falsas demostraciones de moralidad. Nuestro cuerpo es nuestro y de nadie más.

La consecuencia más directa de las prohibiciones para abortar en todo el mundo son las maternidades forzadas. Muchas mujeres terminan teniendo criaturas que no quieren. Si se encuentran en una situación de precariedad económica, esto aún las empobrece y precariza más. Tenemos una conciencia clara que la maternidad debe ser elegida y deseada. Porque cuando hablamos de aborto, también hablamos de maternidad. El aborto no seguro está incluido dentro de las principales causas de mortalidad materna.

En nuestro país se ha aprobado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo que entró en vigor el 2 de marzo de este año 2023. Esta ley avanza en el reconocimiento de derechos reproductivos,  menstruales y sexuales pero como toda la ley, tendremos que ver las modificaciones formales y reales que recoge, es decir, si el reconocimiento y aplicación en la práctica de lo que establece la ley tienen lugar.

Hay que vigilar que sea cierto en la práctica y no sólo sobre el papel, que en todos los centros sanitarios públicos se asegure el acceso al aborto, tanto farmacológico como instrumental.

Otra cuestión a vigilar es que las mujeres tengan realmente garantizada la posibilidad de abortar en la sanidad pública y lo más cerca posible de su domicilio.

Por otra parte, todas las autonomías deben contar con personal médico no objetor, es decir, favorable a practicar interrupciones voluntarias del embarazo para asegurar que las mujeres que elijan abortar puedan ejercer su derecho,  planteando la creación de registros de objeción de conciencia en cada comunidad autónoma, algo que todavía no se cumple en todas las regiones.

En Castilla y León, pionera según datos recogidos en prensa en aportar datos sobre la disponibilidad de la plantilla para interrupciones del embarazo, el 81% de los ginecólogos se declara objetores y no practicarán abortos. Antes de que se aprobase esta nueva ley, a principios del año, en 5 provincias de la comunidad no se había notificado ningún aborto desde 2010 hasta 2021 (último año del que hay datos): Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Llegado el caso, las mujeres eran (son) derivadas a otras provincias para realizar la IVE, teniéndose que pagar de su bolsillo los gastos de viaje.

Es fundamental para el ejercicio efectivo del derecho al aborto que la educación afectivo sexual llegue a todos los centros educativos adaptada a las distintas etapas y edades del alumnado, que supone la formación en esta materia de profesorado y trabajadores y trabajadoras públicas. Y que haya una verdadera coeducación en todos los centros educativos, sin excepción.

Igualmente, estaremos vigilantes para comprobar que las personas gestantes y las mujeres trabajadoras que aborten accedan a una incapacidad temporal para su recuperación, como recoge la ley.

La nueva ley sigue sin despenalizar totalmente el aborto, ni tampoco lo universaliza, exigiendo la tarjeta sanitaria para su acceso, no siendo necesaria, en cambio, si se decide continuar con el embarazo.

La extrema derecha intenta arrebatar el derecho a abortar para mantener una sociedad patriarcal y fascista. Las declaraciones que hacen constantemente quienes representan a la Iglesia, sectores de la ultraderecha y sus colectivos afines, señalando el aborto como “cultura de la muerte”, sorprenden por la impunidad con que quieren decidir sobre nuestros cuerpos.

No vamos a parar hasta que en todo el mundo podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Si se deniegan nuestros derechos en parte del planeta, son los derechos de todas las personas los que están siendo amenazados.

Nos sobran los motivos, porque es nuestro cuerpo y es nuestra decisión.

Porque no daremos un paso atrás en nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Por una salud reproductiva segura y accesible.

Por un aborto libre, público, gratuito, seguro y universal.

PORQUE ES NUESTRO DERECHO.

ABORTO LEGAL, PÚBLICO, GRATUITO Y UNIVERSAL