La consecuencia más dolorosa y cruel de la pandemia del COVID-19 ha sido su elevada letalidad entre
la población mayor de 70 años: cerca del 87% de las víctimas mortales de la enfermedad tenían
más de esa edad.
Dolorosa porque de los más de 27.000 fallecidos y fallecidas por el coronavirus, se cebó y se instaló en
las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, donde algo más de 18.000 han muerto en
esos centros, que carecían de medios humanos y técnicos (medicalización), para hacer frente a la
pandemia.
Centros considerados como “aparcamiento de viejos y viejas” y gestionados con criterios de
rentabilidad, pues una gran parte de las residencias se encuentran en manos privadas, donde la
obligación de prestar unos cuidados integrales a las personas que residen en las mismas, es
sustituida por el criterio de la eficacia económica y el beneficio privado.
Las Residencias de Personas Mayores, son concebidas por los distintos gobiernos -desde los antiguos
asilos al actual modelo-, como lugares donde esperar la muerte con unos niveles mínimos de
asistencia. Y con corresponsabilidad del resto de la sociedad, al no poder cuidar y atender a quienes
nos cuidaron y atendieron.
Los poderes públicos, las instituciones, las CCAA, ponen en marcha el modelo de Residencias, para dar
respuesta al problema de muchas familias que, o bien no residen donde sus mayores, o no pueden, o
simplemente no se les quiere atender, a la vez, dar respuesta a miles de personas mayores que están
solas.
El concepto es puramente asistencial, muy alejado de garantizar el derecho a ser cuidados y cuidadas,
mantener y respetar la autonomía de estas personas y respetar que son sujetos de derecho. Desde esta
perspectiva de la “gestión pura y simplemente asistencial”, los fondos buitres y determinadas
empresas multinacionales, se han lucrado a costa de los derechos de las personas mayores y de
los derechos laborales de las trabajadoras y profesionales de las Residencias.
Este modelo de gestión privada, se constituye con la “liberalización” de los Servicios Públicos,
todos, desde la Educación, la Salud, las Pensiones y la Dependencia, los cuales son gestionados desde
la perspectiva del negocio, utilizando recursos públicos (infraestructuras, dineros transferidos
directamente desde las instituciones públicas, etc.), a la vez que las condiciones de las personas
trabajadoras son precarizadas (plantillas absolutamente insuficientes, carencia de medios, salarios
muy precarios), con los resultados dramáticos y crueles que conocemos en estos tiempos de pandemia.
Estos datos tan aterradores, tienen un añadido de responsabilidad política por todas las instituciones
del Estado: se les ha violado su derecho a la Salud, -y en consecuencia, a la vida- al decidir quienes
podían ser atendidos en los hospitales y quienes no, discriminando a estas personas por el hecho de ser
mayores.
Grave, muy grave, pues nos encontramos ante una “selección de los más fuertes y de los rentables”,
no el derecho a una vida digna. Por eso “empresarios despreciables” que tienen en las Residencias un
buen negocio, han pedido a las instituciones públicas “compensaciones dinerarias (más de 7 millones
de euros) por lucro cesante, es decir, porque considera que no han ganado lo que pensaban ganar,
debido a la pandemia del COVID-19. Tenemos precedentes, con el caso Castor donde el Estado, con
recursos públicos, les “embolsó” cerca de 3.000 millones de euros, en vez de llevarles ante la justicia,
por estar atentando contra la Salud y la Vida de la población.
CGT reivindicamos, defendemos y luchamos por el derecho a la Sanidad Pública y la atención, con los
Cuidados necesarios, a las personas Dependientes, tanto de las personas que ejercen esos derechos
como de las trabajadoras que les atienden.
Las personas que se encuentran en las Residencias, no son “objetos a los que atender”, sino sujetos de
derechos que deben ser cuidadas y cubiertas sus necesidades, desde su autonomía personal y con la
ayuda de las profesionales trabajadoras.
Desde CGT, hacemos un llamamiento a potenciar y participar en las movilizaciones anunciadas para
este mes de junio.

“El no cuidar a quienes nos cuidaron -nuestras personas mayores-, nos
convierte en una sociedad sin moral y sin dignidad”