La Junta de Castilla y León no tiene intención de reducir la alta temporalidad de la plantilla en los centros educativos ni de acabar con la precariedad y la situación fraudulenta de muchos docentes, tal como prueba la última Oferta Pública Extraordinaria, llamada de Estabilización, del 26 de mayo. Esta oferta clave debía dar cumplimiento a la Ley 20/2021, que busca en primer lugar reducir la temporalidad al 8%. En segundo lugar, esta ley, ya de por sí pobre porque no protegía a las personas que llevaban años o décadas precarizadas o en fraude de ley, podía al menos servir para estabilizar a algunas, pero desde luego no en los términos en que la ha interpretado la Junta de Castilla y León. La Oferta Pública Extraordinaria es ínfima y ajena a la realidad. Contempla 1324 plazas, a las que hay que sumar 1103 de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE)…

Una de las funciones básicas de los delegados sindicales es recorrer los Centros de trabajo para estar al día de las problemáticas y reivindicaciones de lxs trabajadorxs. De este modo, en una de nuestras últimas visitas se nos comunicó que en un Colegio Público de la provincia se había planteado el siguiente problema: La ATE del Centro no había podido acudir a su trabajo dándose la circunstancia de que algún alumno había necesitado de su presencia para atender sus condiciones de higiene. Ante tal ausencia y la falta de disponibilidad de los padres del alumno para ir al centro se presentaba un problema de desatención del alumno. La brillante solución planteada por inspección educativa fue que debían de ser los docentes quienes se hiciesen cargo de tal tarea, argumentando que existe en el Código Civil un artículo en el que se recoge “el deber del docente de actuar con la…