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La CGT denuncia la brutalidad policial que algunos elementos de los cuerpos policiales de este país muestran hacia una ciudadanía que reclama justicia social acudiendo a medios de lucha pacíficos.

SEÑALAMOS A LOS PRINCIPALES CULPABLES QUE NO SON OTROS QUE LOS POLITICOS QUE DICTAN LEYES CONTRA LA POBLACION.

Políticos que actúan al dictado del poder económico que, ante la sin razón de sus medidas, se permiten, además, reprimir cualquier respuesta social organizada que cuestione sus políticas antisociales.

La democracia, aquí y ahora, es solo la etiqueta tras la que se esconde la peor de las dictaduras, la democracia hueca.

El sábado día 18 de mayo, con motivo de la interparlamentaria que el partido popular monto, con nuestros recursos, en Salamanca un numeroso grupo de personas quisieron mostrar su descontento ante las políticas anti sociales que el gobierno y el partido popular que lo sustenta vienen imponiendo.
En todo momento, como se puede ver en los distintos videos que circulan por la red, la gente que se manifestaba lo hacía de forma pacífica, con energía, con motivación, pero sin violencia.

Pero claro, la contestación, la crítica, un pueblo consciente e inconformista no cuadra con la sumisión que gusta al poder y para ello utilizan a los cuerpos represivos, sí represivos, reprimen la manifestación de un pueblo a la par que defienden la incapacidad de la clase política, la brutalidad contra la afirmación en positivo de la razón social.

Nos enviaron a cientos de antidisturbios con la orden clara de apalear a quien se mueva. Así lo hicieron el viernes 17 con otros compañeros, aplicando una brutalidad desmedida, todas lo son, y cobarde, abusando de una manera infamante de la fuerza de ser cientos contra 15, de armas contra palabras, de terrorismo institucional contra resistencia ponderada.

El 18 le tocó probar la porra a algún afiliado de nuestro sindicato, por lo obvio, salir a la calle a decirles a los políticos lo que nos duele de sus políticas antipolíticas, de sus leyes injustas, de su prepotencia dictatorial.

Nos dirigimos a vosotros, policuatreros, para recordaros que os habéis cargado el contrato social, de vuestra democracia delegada, según el cual se os cedía el derecho al uso de la fuerza a cambio de que este poder se utilizara de una manera democrática. No renunciamos a usar la fuerza para que nos apaleéis, ni nos encarceléis, por mostrar de manera pacífica el descontento por unas políticas que están dejando a la gente sin casa, sin trabajo, sin sanidad o sin comida.

Este contrato social lo habéis pervertido y lo estáis utilizados contra el pueblo.

Por ello vamos a replantearnos si debemos seguir manteniendo este contrato o lo rompemos.

A los policías que les dan una porra, unas gafas y un armamento y que por ello se creen los amos del mundo os decimos que vosotros no sois más que unos guiñoles en manos de los poderosos, lo peor es que algunos lo sabéis y lo aceptáis.

Hay muchas maneras de hacer vuestro trabajo y vamos a tomar buena nota de cómo hace cada uno su trabajo. Vosotros sabéis de que hablamos y más vale pronto que tarde os apresuréis a expulsar a aquellos que, de manera degradante, utilizan toda esta parafernalia para aplastar al pueblo. Vamos a tomar nota de ello y haremos que paguen por sus excesos de celo.

No podemos permitir estos excesos.

No podemos pasar de largo diciendo que esto no nos afecta, porque mañana, cuando salgas a la calle y un policía te identifique y te ponga una multa de 300 euros por pasar por allí o te pegue un pelotazo que te deje dos meses en la UVI, o pierdas un ojo, dirás entonces que es una injusticia, un abuso de poder, pero entonces será tarde.

Esto no es ciencia ficción, a mucha gente en Salamanca le esta sucediendo esto y en España a miles..
Es el momento de decir basta y que paguen por estos abusos los ejecutores y quienes les mandan.

La Coordinadora Regional en la Junta de Castilla y León quiere que se investiguen los hechos por si fueran constitutivos de delito

La Coordinadora Regional ha presentado denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Valladolid por la ocultación interesada e intencionada de decenas de plazas en el último concurso de traslados de personal funcionario, publicado el 26 de diciembre de 2012. Las plazas que la administración no sacó a concurso son plazas vacantes, que no tienen titular, y están ocupadas de forma temporal por personal. La legislación vigente pretende asegurar el acceso a las plazas vacantes bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, bien sea por la convocatoria de empleo público o mediante los concursos de traslados.

El hecho de escamotear intencionadamente plazas vacantes en un concurso de traslados es, según lo entiende este sindicato, una infracción penal, además de una forma de nepotismo que supone una burla y un desprecio a los compañeros funcionarios y a la población. Lo es porque esta forma de vulnerar la ley solo podría ser consecuencia de una clara voluntad de “reservar” esas plazas por intereses, políticos o personales, que están lejos de los fines de la administración, que se resumen y deben estar subordinados al interés general y a la eficiencia.

La Coordinadora Regional quiere resaltar que la falta de independencia de las Administraciones Públicas se remonta a un tiempo anterior a esta “crisis”, y es la condición necesaria para el enriquecimiento de unos cuantos a costa de la pérdida de derechos de la inmensa mayoría de la población.

Por todo ello, CGT ha pedido una investigación para determinar la naturaleza de estos hechos, pues si se constataran las falsedades referidas, creemos que pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación.

Según nota de prensa de la Coordinadora Regional de CGT en la Junta de Castilla y León publicada el 22 de mayo de 2013

La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha personado como parte acusadora, ejercitando la acción popular, en las diligencias previas del caso conocido popularmente como los "ERE de Andalucía".

CGT ha presentado un escrito de personación en el Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla contra quien o quienes resultaran responsables de los actos delictivos objeto del proceso, así como, frente a los ya denunciados y/o querellados en el procedimiento.

El sindicato CGT defiende los derechos económicos, laborales y sociales de las personas trabajadoras y entiende que lo que se ventila en la querella afecta directamente a esos derechos. Al destino de los fondos públicos presupuestados para la promoción de empleo, para la formación profesional, a la negociación colectiva y a la estabilidad en el empleo. Destacando que han sido centenares las y los trabajadores afectados por la negociación de los distintos ERE.

La CGT considera necesaria la personación como acusación popular, por la enorme trascendencia social y sindical de este caso, y la realiza con el objetivo de contribuir a la clarificación plena de los hechos y a la exigencia de la asunción de todas las responsabilidades, que puedan derivarse, por parte de las personas presuntamente implicadas.