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Gracias al recurso que presentó y ganó la Asociación de Agentes de Segovia contra el Decreto de Retribuciones de 2009, ha sido posible que, una vez se hizo firme la sentencia, pudieran proceder a pedir su ejecución, lo que ha dado lugar a este auto que se adjunta. Cabe destacar que esta Asociación también tiene solicitada la ejecución de sentencia que ganó contra el Decreto de retribuciones de 2007.
El TSJ exige a la Junta de CyL que incremente el complemento específico de los Agentes Medioambientales modificando el Decreto de Retribuciones de 2009, lo que supone que se igualará su complemento específico con el de los Agentes Forestales, para evitar el agravio que supuso su implantación.
CGT también está a la espera de la ejecución de las sentencias de los recursos que ha ganado contra los Decretos de Retribuciones de los años 2009, 2010 y 2011.
Indicar que CGT también está pendiente de la resolución judicial de los recursos presentados contra los Decretos de Retribuciones de 2012 y 2013 y que van en el mismo sentido.
La diferencia bruta anual que deberá abonar la Junta para 2009 ronda los 3300 euros anuales para cada trabajador.
CGT desea expresar su agradecimiento (http://cgtjuntacyl.org/?p=384) a la Asociación de Agentes Medioambientales de Segovia, que ha hecho posible la resolución del Tribunal Superior de Justicia, y que acaba con el agravio comparativo que sufrían todos los agentes medioambientales de Castilla y León con respecto a sus compañeros del cuerpo de Agentes forestales.

La lucha sigue, compañeros

SI NO QUEREMOS, NO PODEMOS

CGT rechaza el cierre de centros educativos en periodos no lectivos

Ante la próxima aprobación del Decreto de Licencias, Permisos y Vacaciones, y tomando como base el borrador distribuido desde los Sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación, desde CGT nos vemos en la obligación de manifestar nuestro total rechazo al cierre de Centros Educativos en períodos no lectivos.
En un sondeo de opinión efectuado por la Sección Sindical de CGT en la Junta de Castilla y León entre el Personal de Administración y Servicios de los Centros Educativos, entre otros han arrojado los siguientes resultados:
- El 100% se muestran contrarios al pretendido cierre.
Preguntados si les parece suficiente la concesión de 3 días más de vacaciones por el condicionamiento de las mismas a períodos no lectivos,
- El 96,3% no quiere ninguna compensación. Señalan que quieren tener los mismos derechos que los demás compañeros de otras Consejerías.
Preguntados si consideran más oportuno negociar el cierre o rechazarlo,
- El 87,04% rechazan el cierre (en el convencimiento de que no se puede privar a los ciudadanos de un servicio público).
Preguntados si consideran justificado el cierre de los Centros Educativos en determinados períodos,
- El 88,89% consideran que no está justificado. En ningún caso se ha argumentado esta medida.
En los comentarios que anexan a la encuesta los Empleados Públicos, se constatan una gran cantidad de argumentos (TODOS cargados de un especial sentido común). Destacan especialmente:
1.- Un Centro Docente, además de serlo, presta también un servicio de atención al ciudadano por ser dependencia administrativa. Por ello, parece descabellado que deje de funcionar por el simple hecho de no impartir clases. El resto de tareas administrativas y –repetimos- servicio y atención al ciudadano, no van parejas con dicha inactividad lectiva; bien al contrario, en no pocas ocasiones es cuando los ciudadanos disponen de más tiempo y posibilidades de realizar las gestiones que necesiten.

2.- El Personal de Servicios (limpieza, mantenimiento,...) tiene una tarea ingente que sólo es posible realizar en ausencia del alumnado (reparaciones, limpieza integral, pintura, mantenimiento, pequeñas obras,...).
3.- El cierre de Centros conlleva la obligatoriedad de "disfrutar" las vacaciones del P.A.S. en dichos períodos. Ello supone un claro e injusto agravio comparativo con respecto a otros Empleados Públicos, que prestan servicio en otras dependencias o en otras Consejerías sobre todo atenta, gravemente, contra la conciliación de la vida familiar y laboral, de la cual esta administración hace alarde en los medios de comunicación pero luego, desgraciadamente, no pone en práctica con sus propios trabajadores.
4.- Se da la circunstancia de que TODAS las épocas de cierre se corresponden con temporada alta de vacaciones, con lo cual el P.A.S. –además de los ataques desproporcionados y del vilipendio de que han sido objeto tanto por el Gobierno Central como por el Autonómico- son agredidos una vez más, en sus derechos, limitándose al máximo, cuando no anulándose, la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones por el gravoso sobrecoste que ello supondría ante los exiguos salarios y la brutal disminución de salario que han sufrido históricamente y con una especial virulencia en este último año.
5.- En el citado borrador se establece una compensación de 3 días más de vacaciones por el perjuicio objetivo que supone condicionarlas a los períodos no lectivos. De la misma forma, más del 90% de los compañeros encuestados se manifiesta contrario a esa o a otras compensaciones, siendo significativa la respuesta mayoritaria: quieren ser tratados como los trabajadores de las demás Consejerías: con los mismas derechos, pero también con las mismas obligaciones.
6.- Es frecuente (en la práctica totalidad de los casos) que el peso de la gestión administrativa recaiga sobre los Funcionarios, al menos hasta que los Equipos Directivos "se pongan al día", dada la rotación que experimentan estos cargos. Es el personal de las Secretarías quien "enseña" la mecánica de funcionamiento tanto al nuevo Director, Secretario o Jefe de Estudios. Con esta medida se está condenando a los puestos de la RPT de centros a que su personal esté en constante cambio, ya que ningún empleado público se quedará en esos puestos más que lo imprescindible, y esa circunstancia afectará de modo negativo en el funcionamiento del centro.
7.- Es notoria, desde hace 2 años, la inquina de la Administración Educativa hacia el Personal de Administración y Servicios de los Centros Educativos. Parece una represalia más, quizá fruto del ansia por privatizar la educación del partido en el gobierno.

Consideraciones
Cuando se convoca un concurso de traslados, la R.P.T. de los centros educativos no tiene ninguna característica concreta (horario especial, complemento específico, etc...) por lo tanto los Empleados Públicos de esos servicios deben tener el mismo tratamiento que los del resto de Consejerías.
Si por parte de la administración se estima necesario singularizar estos puestos de trabajo deben de empezar por la base: cambiar la R.P.T. Desde ese momento los Empleados Públicos que pudieran optar a esos puestos, sabrían qué consecuencias tendría su cambio de destino.
Es curioso comprobar cómo, desde tiempos inmemoriales, cualquier pretensión de cerrar un solo día no lectivo era rechazado rotundamente por la Administración con el buen criterio de ser un servicio del que no se puede privar a los administrados. Parece, pues, un flagrante sinsentido que de repente se pueda privar a los ciudadanos del acceso a la Administración Pública en períodos más prolongados. Hay que tener en cuenta que la recogida y expedición de documentos, durante los periodos no lectivos es aprovechada por antiguos alumnos, padres y profesores para solicitar y retirar documentos (certificaciones, títulos académicos, etc...), solicitar información, en caso de un posible traslado, de un puesto escolar,... En algún caso, el disponer de un documento puede significar conseguir un trabajo o no. Hasta ese punto es importante la función de un Centro Educativo.
En ningún momento la Administración ha cuantificado el ahorro económico que pueda suponer el cierre de un Centro Educativo en períodos no lectivos. En todo caso, y también lo apuntan así los Trabajadores que han respondido al sondeo propuesto desde CGT, el gasto que pudiera generar un Centro por abrir en épocas no lectivas es absolutamente inapreciable (y más si lo comparamos con el consumo de aparatos de aire acondicionado que adornan infinidad de despachos, gastos suntuarios y de otro tipo perfectamente prescindibles de los que son testigos de primera mano los propios Empleados Públicos).
Por último, desde CGT instamos con toda firmeza a esa Consejería para que no se lleve a cabo el cierre de los Centros Educativos en periodos no lectivos y, subsidiariamente, que el Personal de Administración y Servicios destinado en los mismos no esté condicionado al "disfrute" de sus vacaciones en dichos períodos.

El Coordinador de CGT en la Junta de Castilla y León

Tomás García Rojo

Intolerable degradación de la Sanidad Pública en Salamanca
Cortina de silencio de los responsables ante el cierre de plantas y servicios

La Gerencia de Atención Especializada y la Junta de Personal mantienen mutismo absoluto ante la degradación planificada y sin freno de los servicios de salud en la provincia: Vaciado de contenido del hospital de Béjar, privatización de la Lavandería del Hospital de Salamanca, desastrosa gestión de las historias clínicas, cierre o infrautilización de instalaciones en Los Montalvos, cierre de plantas y servicios en el Hospital Virgen de La Vega, amortización de jubilaciones, bajas sin cubrir, paralización de la construcción de varios centros de salud, cierre de servicios de urgencias en el medio rural, inhumano aumento en los plazos de las listas de espera... Y la lentitud incomprensible del afamado Plan Director, según las autoridades la solución a todos los males por ellos creados.

Preguntamos a los responsables: ¿Por qué quieren hacer cambios de servicio por servicio, desplazándonos entre los Hospitales? ¿Por qué se destruye el servicio de cirugía del Hospital Virgen de la Vega? ¿Por qué se reubican enfermos en plantas que no les corresponden por su patología? ¿Quién determina la desaparición de los servicios? ¿Por qué se infrautilizan quirófanos y disminuyen las operaciones? ¿Para qué sirve la movilidad interna? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué todo se hace de palabra? ¿Por qué se acosa psicológicamente al personal? ¿Por qué incumplen hasta sus propias resoluciones?

¿Por qué no hay nunca una persona que firme estos expolios y se haga responsable?
Ante la situación creada y las oscuras perspectivas de futuro para la sanidad, CGT manifiesta:
Todos los trabajadores y trabajadoras debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. La Gerencia de Sanidad, con su política de recortes, cada vez nos sale más cara (1,5 millones de euros más el año pasado) atropellando al personal y a la ciudadanía, expulsándolos del sistema público de salud. Es imprescindible un giro de 180º en la perversa dirección que el Estado ha iniciado hace años: Derogación de la ley 15/97, salida de políticos y empresarios de los centros sanitarios. Rescate de todos los hospitales expoliados por los nuevos modelos de concesión. Vuelta a manos públicas de todos los servicios externalizados/privatizados. Fin de los conciertos con empresas privadas. Eliminación de pagos y repagos.

Se desmantelan servicios. Se cierran plantas y quirófanos. Se prescinde de personal necesario. Es una epidemia de salud que nos está saliendo muy cara. ¿Está en el ánimo de los máximos responsables de la sanidad degradar la sanidad pública con el fin de justificar una futura privatización?
Solo la ciudadanía es dueña de su derecho a un sistema público de salud, de forma gratuita y sin excepciones.

Nos quieren arrebatar nuestro sistema de salud. No se lo consientas

Lucha por tu salud. Lucha por tu vida

"CGT se opone a la privatización de la labor de gabinete del Censo de Lobo

de la Junta de Castilla y León"

El nuevo inventario confirmará si el número de manadas ha crecido desde el 2001

El Plan de Gestión del lobo en Castilla y León establece que se debe llevar a cabo un censo de sus poblaciones cada diez años. Los Agentes Medioambientales de Castilla y León están recibiendo instrucciones para la recogida de datos sobre el terreno y la elaboración del censo 2013.
A través de las diferentes reuniones que en la primavera pasada se han realizado con integrantes de los colectivos de Agentes Medioambientales (Escala incluida centro del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de personal funcionario) y Celadores de Medio Ambiente (personal laboral) en algunas provincias de la Comunidad Autónoma, hemos recabado una serie de datos que nos llevan a rechazar frontalmente desde un punto de vista estrictamente sindical una parte de la modalidad en la que se va a proceder a realizar esta labor, a llevar a cabo entre los años 2012 y 2013.

Valoramos positivamente que la labor de campo de este Censo Regional vaya a ser llevada a cabo por parte del personal de la Administración (Agentes Medioambientales y Celadores) ya que se trata de dos colectivos que diariamente realizan y desarrollan su labor profesional en el medio natural en el que se van a realizar los transectos de 10 Km., y sobre todo, porque al ser personal de la Administración se garantiza la imparcialidad, objetividad y profesionalidad a la hora de llevar a cabo esta tarea, labor que por otra parte se encuentra expresamente incluida dentro de la normativa que define sus funciones y competencias.

A lo que desde CGT nos oponemos de forma rotunda es que el trabajo de gabinete consiste en el procesamiento de los datos de campo recogidos en las fichas elaboradas y destinadas a inventariar los indicios de presencia (en forma de huellas, excrementos, raspaduras y otros) por parte de los Agentes Medioambientales y Celadores de Medio Ambiente, sea llevado a cabo por parte de una empresa externa, la Consultora de Recursos Naturales, S.L.

Desde CGT consideramos que existe personal propio de la Administración Pública que puede llevar a cabo esta labor de procesamiento de datos en oficina, concretamente los Técnicos de las Secciones de Vida Silvestre y de Espacios Naturales y Especies Protegidas de los diferentes Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las diferentes provincias así como los Administrativos y Auxiliares Administrativos que desempeñan su labor profesional en estos departamentos.

Los funcionarios Públicos mencionados en el apartado anterior deberían ser las personas encargadas de llevar a cabo esta labor para los datos de campo recogidos en cada una de las provincias.
Análogamente si fuese necesaria una labor de coordinación para el procesamiento a nivel regional de los datos recogidos en cada una de las provincias, se dispone también de funcionarios públicos (técnicos, administrativos y auxiliares administrativos) que desempeñan sus competencias en el ámbito de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que es la responsable de llevar a cabo esta labor.

Desde la CGT nos oponemos rotundamente a que una parte de la labor necesaria para llevar a cabo el Censo Regional de Lobo sea desempeñada por una empresa y no por personal propio de la Administración Pública, cuando ésta dispone de personal perfectamente capacitado para llevar a cabo esta labor con total profesionalidad.

En este punto, desde CGT nos permitimos recordar que esta central sindical siempre se ha opuesto a que labores propias de la Administración Pública sean desempeñadas por parte de entes ajenos a la misma, bien sea a través de contrataciones, externalizaciones, empresas públicas, entes públicos de derecho privado o cualquier otra fórmula del prolijo abanico de "Administración B" que en estos años ha proliferado en detrimento del personal propio de la Administración.

Desde CGT consideramos que el hecho de contratar esta labor para que sea llevada a cabo por personal ajeno a Administración Pública supone una falta de respeto a los empleados públicos que podrían llevarla a cabo, empleados públicos que han superado exigentes procesos selectivos obteniendo los mejores puestos en sus respectivas promociones.

Desde un punto vista económico supone además un gasto añadido con respecto al trabajo realizado exclusivamente por la Administración y una falta de consideración hacia el contribuyente y el ciudadano.

Consideramos además en CGT, que un ente ajeno a la Administración Pública en ningún caso debe manejar la información con la que se trabaja en este tipo de labores, y mucho menos aún antes que la propia sociedad a la cual va dirigida (recordemos que los trabajadores públicos estamos al servicio de los ciudadanos, de nadie más).

Por otra parte CGT ha solicitado por escrito a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente copia del Pliego de Condiciones Técnico Facultativas relativo al "CENSO DE LOBO IBERICO", así como la forma de licitación.

CGT ha procedido a registrar escritos dirigidos a las Consejerías de Hacienda y Fomento y Medio Ambiente, así como en varias Delegaciones Territoriales y Servicios Territoriales de Medio Ambiente con el contenido de la nota de prensa. De momento solo se ha recibido la callada por respuesta salvo la Delegación Territorial de Palencia, quien desvía la responsabilidad de esta privatización a la Dirección General y además viene a considerar este tipo de Asistencias Técnicas como parte del normal funcionamiento de la Administración, algo que desde CGT rechazamos con todas nuestras fuerzas, cuando existe personal público propio capacitado para hacer esa labor sin contaminaciones privadas que pueden alterar la objetividad de los resultados de estos trabajos y que suponen un despilfarro económico injustificable.

El Coordinador de CGT en la Junta de CyL

La sala de lo Social del Tribunal Supremo de Castilla y León, ha decidido plantear a la consideración del Tribunal Constitucional su acuerdo sobre la dudosa constitucionalidad de suprimir la paga extraordinaria del personal laboral, en base al Conflicto Colectivo presentado por CGT contra dicha medida.

La Sala del Tribunal da un plazo de diez días a las partes (CGT, Junta de CyL, etc.) para presentar alegaciones. Dicho plazo viene dado por las dudas que se plantea la Sala del Tribunal sobre la constitucionalidad del art.2 del Real Decreto-Ley 20/2012, desarrollado por el Decreto autonómico 32/2012, en cuanto a la supresión de la paga extraordinaria de diciembre, y la posible vulneración del art.9.3 y 33.3 de la Constitución.

En el Conflicto Colectivo presentado por CGT se reclama el abono de la totalidad de la paga extraordinaria o en su defecto la parte proporcional correspondiente a 90 días.

La Sala entiende, en base a distintas sentencias del Tribunal Supremo, que la paga extraordinaria es salario diferido y se devenga día a día, es decir que cuando se publica el Real Decreto, una parte ya se había generado y por tanto debería pagarse.

Esta decisión puede suponer un importante apoyo para la reclamación de la paga extraordinaria del personal funcionario que también ha presentado CGT.

CGT ha presentado recurso contra supresión de la paga extraordinaria del personal funcionario, estatutario y docente de la Junta de CyL.

OBJETO DEL RECURSO
Se reclama la totalidad de la paga extraordinaria y subsidiariamente la parte proporcional (por un periodo de tres meses, no 44 ni 14 días), es decir, hasta que la supresión se publicó en el Boletín de la Comunidad de Castilla y León no en el del Estado.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO
• Vulneración del artículo 14 de la Constitución Española.
• Discriminación por la sobrecarga que se repercute sobre los Empleados Públicos en contraposición con el resto de los ciudadanos.
• Vulneración del principio de legalidad.
• Vulneración del principio de seguridad jurídica y confianza legitima, así como la prohibición de la retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, art 9.3 de la Constitución Española.